El Gobierno está preparando un Plan de Alfabetización Mediática para que todos los alumnos, desde Primaria (de seis a 12 años) hasta la educación superior (FP y Universidad), reciban formación en los centros educativos que les permita aprender a reconocer las fake news y los bulos y eludir los peligros de internet y las redes sociales.

La idea es que no haya una asignatura específica, sino que estos contenidos se incluyan dentro de un itinerario curricular de forma transversal en las distintas asignaturas, «como existe ahora en la educación afectivo-sexual«, señalan fuentes del Gobierno, que ha diseñado una Estrategia Nacional para la Protección de la Infancia y Juventud en Entornos Digitales dentro de la cual irá incluida este plan.

Habrá «planes concretos de formación digital en Primaria, Secundaria y educación superior, de forma que, desde edades tempranas, los alumnos tengan herramientas que les den autonomía en el entorno digital y no sólo les protejan del mal uso, sino que garanticen sus derechos», indican estas fuentes.

El Consejo de Ministros previsiblemente aprobará este martes el anteproyecto de Ley de la Infancia y Adolescencia en Entornos Digitales, un texto en cuyo articulado ha trabajado el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, así como los departamentos de Presidencia y Justicia y Transición Digital.

El 94,8% de los adolescentes dispone de un teléfono móvil con internet y un 90,8% se conecta todos o casi todos los días. Sus padres se lo suelen comprar en torno a los 11 años. Casi la mitad de los adolescentes usa internet más de cinco horas al día los fines de semana y un 31,6% hace ese mismo uso entre semana. Además, el 98,5% de adolescentes está registrado en alguna red social y hasta un 83,5% lo está en tres o más de tres.

Consciente de que no puede prohibir el uso de este dispositivo (aunque ya ha promovido que se prohíba en los colegios), el Gobierno va a intentar minimizar su impacto negativo. Por eso ha preparado un paquete de medidas que pretende proteger desde distintos ámbitos a los menores en los entornos virtuales, unos espacios nuevos e intangibles no están expresamente regulados ahora en la normativa.

Para empezar, la nueva ley consagrará por primera vez los derechos de los niños y adolescentes en los entornos digitales. Su artículo 2 dice que «las personas menores de edad tienen derecho a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo». También se reconoce su «derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos asociados al entorno digital».

La norma, además, reconoce el derecho de los menores a «la información, a la libertad de expresión, y a ser escuchadas». «Las personas menores de edad tienen derecho al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales», añade.

Para garantizar estos derechos, el Gobierno prevé el establecimiento de controles parentales gratuitos y obligatorios en todos los dispositivos electrónicos, como móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Actualmente ya llevan estos controles buena parte de los dispositivos (en Apple se llama Tiempo de uso y en Google, Family Link), pero las fuentes consultadas explican que «no todos lo tienen y queda a voluntad de las tecnológicas generarlos».

Su objetivo es establecer «unos mínimos que vengan de fábrica» para todos los dispositivos, independientemente de que los fabricantes sigan luego con sus «mecanismos de autorregulación». «Introducimos un patrón de obligatoriedad mínima», afirman las fuentes, que añaden que los padres «pueden desactivar» estos controles si no quieren usarlos, o establecer los parámetros concretos a su elección, porque «no se puede entrar a regular la vida doméstica de nadie».

Además, estos controles se van a simplificar para que cualquier persona pueda comprenderlos y sean herramientas «sencillas y accesibles», porque actualmente «es muy complicado entender su uso».

«PUNTOS DE FUGA»

El Gobierno reconoce que estos controles «tienen muchos puntos de fuga» y «con un sólo mecanismo no es suficiente». Por eso ha planteado una estrategia con «varios itinerarios que garanticen la protección de los menores».

Uno de ellos es una herramienta de verificación de edad en las páginas webs, que impediría que los menores accedan a contenidos pornográficos o inadecuados. En él trabajan la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Otra medida, adelantada por EL MUNDO, contempla que los pediatras de los centros de salud tengan que preguntar a los padres sobre el uso que hacen sus hijos sobre el móvil y otros dispositivos electrónicos, de igual forma que ahora se les pregunta por sus hábitos de higiene. Se trata de una actuación relativamente sencilla que concienciará a las familias y permitirá extraer datos para hacer estadísticas.

El Gobierno también plantea la inclusión de advertencias en los productos digitales, con etiquetas con recomendaciones para los menores fácilmente entendibles, como hay en las cajetillas de tabaco.