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El informe regional para América Latina y El Caribe de la Unesco, sobre Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios, advierte de un incremento de la censura en Internet durante el último año en países de la región.
Una de las tendencias en crecimiento es la regulación del llamado “discurso de odio”, es decir, de los mensajes destinados a afectar negativamente la dignidad de una persona o colectivo determinado. Éstos se difunden especialmente a través de redes sociales en forma de comentarios, estados en perfiles personales, memes, bromas, fake news y otros.
Para su regulación, varios países de la región han propuesto diversos tipos de sanciones a quienes publican este tipo de contenidos. Además de ello, promueven que sean eliminados de la Red. Según el informe, funcionarios públicos de la región han emprendido en procedimientos penales especialmente contra periodistas opositores a los gobiernos en ejercicio.
En 2017, Venezuela se convirtió en el primer país en aprobar la denominada “Ley contra el odio” que criminaliza los contenidos disidentes y castiga hasta con 20 años de prisión a quienes sean acusados de traición a la patria y generar zozobra.
Amparados en esta ley, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han iniciado procedimientos penales contra quienes han criticado abiertamente la gestión gubernamental. Según Reporteros sin Fronteras, entre el 2017 y lo que va del 2019, hubo un número récord de detenciones arbitrarias y actos de violencia contra periodistas.
Ningún otro país ha aprobado todavía una ley de este tipo; sin embargo no se han descartado iniciativas presentadas en los últimos años para la regulación y control de los contenidos que se publican en internet.
En Ecuador, durante la presidencia de Rafael Correa, en 2017, se presentó un proyecto de ley para controlar las redes sociales e Internet, bajo la justificación de regular los actos de odio y discriminación. Este proyecto contemplaba sanciones a las empresas proveedoras de servicios de Internet que permitan a los usuarios compartir o difundir públicamente contenidos considerados nocivos, y que superen los 100 mil usuarios.
Una propuesta similar se presentó en febrero de 2018 ante el Congreso Nacional de Honduras, en ésta se expresaba la necesidad de que las empresas proveedoras de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios Web adopten medidas para evaluar y bloquear información y contenidos considerados como actos de discriminación, odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia.
El Informe de la Unesco califica este tipo de iniciativas como una forma de extender la censura y amenazar el ejercicio de la crítica y la libre expresión en general, así como alicientes para el incremento de la inseguridad para medios y periodistas de América Latina y El Caribe.
En 2018, en Nicaragua, la periodista Lucía Pineda fue acusada de terrorista y de incitar al odio contra la policía por parte de simpatizantes del partido del gobierno. Se le acusaba por sus publicaciones en redes sociales y en el canal de Tv para el que laboraba, y que fue cerrado por el gobierno de ese país.
En México, se estima que 8 de cada 10 periodistas han sido amenazados de muerte, acosados o recibido ataques de diverso tipo por parte de funcionarios de gobierno y narcotraficantes.
En general puede señalarse que el “discurso del odio” se está implantando en el contexto de América Latina de forma desorbitada e hiperbólica. Sin embargo aun no se puede decir que este pueda ser controlado o erradicado a través de leyes e iniciativas punitivas, de ahí que hasta la fecha la mayoría de países de la zona no hayan aprobado leyes de este tipo.
